En el mes de noviembre los amigos de los represores realizaron un nuevo intento por sacar de las cárceles a los pocos genocidas que aún cumplen su condena tras las rejas. Presentaron un hábeas corpus ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°27 de la Capital Federal, a cargo del Dr. Martín Yadarola, por los detenidos por crímenes lesa humanidad que se encuentran en las penitenciarías federales.
El pedido incluye a “todas las personas mayores detenidas” en distintos establecimientos penitenciarios del país. Afirman que son población vulnerable y que su detención es violatoria de lo establecido en la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que se agravaron las condiciones de detención y que no están garantizadas sus condiciones de salud. Lo cual es falso ya que sus condiciones de detención son controladas permanentemente por los Tribunales Federales intervinientes y están detenidos en cárceles especiales que cuentan con médicos, enfermeros, ambulancia y todas las condiciones para atender los problemas de salud que presentan.
La petición fue presentada por diez organizaciones encabezadas por el grupo de abogados defensores de los acusados por lesa humanidad, Justicia y Concordia. Fueron patrocinados por los abogados María Laura Olea y Ricardo Saint Jean, hijo del interventor de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar, Ibérico Saint Jean; que compartían los chats con los diputados de La Libertad Avanza (LLA) que en julio pasado fueron a reunirse con Alfredo Astiz y demás represores en el penal de Ezeiza.
El pedido fue presentado junto con una nómina de unos 80 represores en el juzgado en el que subroga el juez Martín Yadarola. Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), hay menos de 130 detenidos por delitos cometidos durante los años del terrorismo de Estado y 508 cumpliendo prisión domiciliaria. Entre quienes permanecen en la cárcel están Astiz, Eduardo “Tigre” Acosta o Adolfo Donda; tres de los mas siniestros personajes que actuaron durante la dictadura.
Estas organizaciones presentaron el documento ante la justicia nacional criminal. Explicaron que no iban a los tribunales federales, donde se juzgan los crímenes de lesa humanidad, porque en ese fuero hay un “comportamiento omisivo” de los jueces frente a los pedidos de morigeración de los represores.
Al darse a conocer esta nueva maniobra negacionista referentes de organismos de derechos humanos y personalidades de la política y la cultura exigieron «el inmediato rechazo» del hábeas corpus en favor de los genocidas. Circuló una solicitada firmada por miles de personas y organizaciones pidiendo “que no liberen a ninguno de ellos y que no se siga concediendo prisiones domiciliarias sin razones humanitarias que las fundamenten», concluyendo que «El intento de imponer la impunidad hace peligrar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia conquistado por la lucha de nuestro pueblo«.
El miércoles 18 de diciembre, el juez Yadarola rechazó el hábeas corpus y reiteró por tercera vez que no tiene competencia material ni territorial para entender en la causa. Si apelan esta decisión, el pedido llegará a la Sala IV de la Cámara del Crimen. Allí intervienen López, Julio Marcelo Lucini (candidato del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para la Procuración) e Ignacio Rodríguez Varela, hijo de Alberto Varela, ministro de Justicia de la dictadura y abogado de Jorge Rafael Videla.
Tal como sucedió en el gobierno de Macri, cada vez que los fascistas de nuestro país cuentan con un contexto favorable en el que emergen discursos de odio y políticas que atentan contra el pueblo aprovechan la oportunidad para avanzar en sus privilegios avasallando nuestros derechos. Pero el pueblo no olvida a sus muertos ni a los verdugos que los ejecutaron, y no da ni un solo paso atrás.
Los intentos por instalar la desmemoria y la impunidad no son nuevos, una y otra vez intentan tergiversar la historia, pero los hechos son contundentes: hay 30.400 personas detenidas desparecidas en Argentina durante la última dictadura cívico militar eclesiástica empresarial, hay más de 500 identidades apropiadas, fue genocidio y no habrá para los genocidas y sus crímenes ni olvido ni perdón.
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