LA MINISTRA BULLRICH BLOQUEA EL ACCESO A LA INFORMACION QUE PERMITE ENCONTRAR LAS MAS DE 300 NIÑXS APROPIADAS DURANTE LA DICTADURA

Nuestro país es un ejemplo mundial en la búsqueda de los niños y niñas apropiados durante la última dictadura militar de 1976 – 1983, dónde el rol de las Abuelas de Plaza de Mayo fue fundamental en esa búsqueda.
En 1987 durante la Presidencia del Doctor Raúl Alfonsin, a instancias de las Abuelas de Plaza de Mayo se creo el Banco de Datos Genéticos (BNG) que permitió realizar estudios de datos genéticos a familiares y posibles jóvenes apropiados, este tipo de estudios permitió recuperar la identidad de 133 personas apropiadas.
En 1992 durante el gobierno de Carlos Menem se crea la Comisión Nacional por la Identidad (CONADI), encargada de realizar la búsqueda de datos de posibles miembros de fuerzas de seguridad que hayan intervenido en casos de apropiacion ilegal en la última dictadura, y durante los gobiernos de Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández jamás se entorpeció el acceso a la informacion.
Durante el gobierno de Cristina Kirchner en el ámbito de la justicia federal se creo una Unidad Fiscal Especializada para investigar en los casos de aplicaciones de niños y niñas.
La búsqueda de los más de 300 niños y niñas apropiados que hoy tienen entre 40 y 47 años se transformo en una política del estado argentino que ningún gobierno puso en riesgo y tiene un reconocimiento internacional.
Esa política del estado argentino se vio dañada por la llegada de Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad y de Luis Petri al Ministerio de Defensa, que empezaron a negarse a brindar información sobre miembros de fuerzas de seguridad que posiblemente hayan sido parte de la apropiación de niños a la Comisión Nacional por la Identidad ( CONADI)
La CONADI depende de la Secretaria de Derechos Humanos y el responsable es Alberto Baños, que fue designado por el propio Milei como presidente de la misma.
Tanto Luis Petri como Patricia Bullrich se niegan a dar información lo que impide que se pueda seguir trabajando en la búsqueda de los más de 200 jóvenes apropiadxs que sus familias buscan hace más de 40 años.
Solo funcionarios crueles que defienden a los responsables de los brutales crímenes de la dictadura pueden entorpecer la búsqueda de las personas apropiadas.