PROTESTAR ES UN DERECHO. REPRIMIR ES UN DELITO Y EL ESTADO SIGUE SIENDO EL GARANTE DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

La criminalización de la protesta que consiste en el uso de la represión física, y de mecanismos legales y judiciales, contra organizaciones y movimientos sociales y cuyo objetivo reside en el “control” de la protesta social; se recrudece cada vez más.
Este jueves 10 de agosto falleció Facundo Molares Schoenfeld, de 48 años, trabajador de prensa militante del movimiento Rebelión Popular; producto de la feroz represión ejercida por la policía de la Ciudad de Buenos Aires en el obelisco. Facundo fue detenido, brutalmente golpeado y asfixiado por personal de la policía de la ciudad, durante la movilización de Rebelión Popular y Votamos Luchar.
Este gravísimo hecho desnuda, una vez más, los rasgos característicos del proceso que incluyen: la judicialización de la protesta, es decir, el uso del entramado de la legalidad y la institucionalidad judicial para “encausar” y procesar a integrantes de organizaciones y movimientos sociales por su participación en el marco de las luchas llevadas adelante; así como el uso de la violencia física explícita ejercida por las diversas fuerzas de “seguridad” y garantizadas por el poder político y la construcción mediática de la protesta que, en muchos casos, funciona como encuadre para la criminalización.
Sobrados ejemplos existen del rol que desempeñan en esto los medios masivos de comunicación que se enfocan precisamente en aquella cobertura mediática dada a los cortes de calle o rutas, y a otras protestas, por la cual sistemáticamente han tendido a implantar una mirada “condenatoria” a los hechos y a lxs militantes que convocan y participan.
El Estado, el poder político, lxs jueces y las fuerzas de “seguridad” ejecutan y validan la represión como respuesta, principalmente a través de la violencia física y mediante la acción de cuerpos armados , al derecho indiscutible que ejercen las organizaciones y los movimientos sociales.
Esto, a su vez, ha permitido que tanto el Estado como otros actores interesados en contrarrestar el ejercicio de la protesta social, como las empresas nacionales y transnacionales, lxs grandes empresarixs y grupos de poder político- económico, recurran a legislaciones ilícitas para demandar a militantes bajo diferentes figuras jurídicas. Tal como diferentes autores han señalado, en la mayoría de los casos, el fin último de esta acción no es solo conseguir una condena, sino, además, desarticular la protesta social definitivamente.
Es el Estado el actor determinante en la producción de las políticas de criminalización de la protesta social. Para ello, éste y su complejo entramado político-institucional aplican diferentes mecanismos de acción orientados hacia la creación de las condiciones políticas y judiciales necesarias para la criminalización de militantes, protestas, luchas sociales y diferentes organizaciones.
EL ESTADO CRIMINALIZA, REPRIME Y MANTIENE UN SISTEMA QUE BUSCA TRANSFORMAR LAS LEGÍTIMAS PROTESTAS SOCIO- POLÍTICAS EN DELITOS MERECEDORES DE CONDENA Y SANCIÓN.