El sábado detuvieron en Uruguay a Sebastián Romero, militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) que se encontraba con pedido de captura acusado de intimidación pública y atentado a la autoridad por su participación en la manifestación contra la reforma previsional del 18 de diciembre de 2017.
“Sebastián estuvo 29 meses tratando de no ser apresado porque no había ninguna garantía de una justicia que se adecue a sus propias leyes”, expresó, en entrevista con FM La Barriada, Daniel Ruiz, ex preso político que estuvo detenido en el marco de la misma protesta.
“Yo lo puedo decir en persona porque me detuvieron 9 meses después de la movilización por las mismas imputaciones que tiene Sebastián, que son excarcelables. O sea, podría haber esperado el juicio en libertad hasta que haya una sentencia”, planteó.
“Ni él ni yo tenemos antecedentes penales, así que no tendríamos que haber tenido ninguna orden de detención. La justicia fue manipulada y yo estuve en prisión preventiva -como tantos otros en este país- sin juicio durante 13 meses en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz”, apuntó.
“Por otro lado, a Sebastián Romero se lo ubicó como un ícono a detener. Había una decisión concreta de detenerlo como un botín de guerra”, criticó, opinando que fue a partir de los reclamos de las jornadas de diciembre de 2017 que el gobierno de Mauricio Macri comenzó a “criminalizar la protesta”.
“Esto se da en el marco general de una justicia hecha al servicio del gobierno, que no tiene independencia ni brinda garantías para los trabajadores”, denunció.
Al respecto, señaló que el juez Sergio Torres, quien intervenía en la causa y realizó el pedido de captura en contra de Romero, “fue premiado por el gobierno de Macri” con un cargo en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (SCJBA).
“Eso muestra la manipulación que hubo. Está claro que fue un premio a su actuación”, consideró, refiriendo que su nombramiento fue cuestionado incluso por sus pares debido a que nunca antes había trabajado en la provincia ni tenía domicilio legal allí.
Por otra parte, explicó que Romero fue detenido por medio de Interpol y llevado a declarar ante la justicia a Montevideo, desde donde fue trasladado al penal de Libertad a la espera de que se resuelva el pedido de extradición por parte del Estado argentino.
“Desde el Estado uruguayo plantearon que van a esperar 30 días para que Argentina los notifique de las razones del pedido de extradición y los motivos por los que debe permanecer detenido”, advirtió.
Para escuchar la entrevista completa, hacé click aquí.
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